Defensa penal en procedimientos por estafa y fraudes complejos. Análisis del engaño típico, del desplazamiento patrimonial y de la existencia o no de dolo penal.
Intervención en causas por apropiación indebida y conflictos patrimoniales penalizados. Delimitación entre incumplimiento civil y relevancia penal de la conducta.
Asistencia letrada en procedimientos por insolvencias penalmente relevantes. Estudio de actos de ocultación, alzamiento o generación artificiosa de insolvencia.
Defensa penal en imputaciones por blanqueo. Control del delito antecedente, de la trazabilidad de fondos y de la autonomía real de la conducta imputada.
Intervención en procedimientos por gestión desleal de patrimonio ajeno. Análisis del deber de fidelidad, del perjuicio causado y del marco societario o contractual.
Los delitos económicos exigen un análisis preciso del hecho y de su contexto jurídico y patrimonial. Muchas imputaciones parten de conflictos civiles o mercantiles que se trasladan indebidamente al ámbito penal. La actuación letrada se orienta a delimitar responsabilidades y a evitar calificaciones automáticas.
Asumimos la dirección letrada desde la primera actuación judicial o policial. Actuación durante la instrucción, el juicio y la ejecución, con especial atención a la prueba documental, pericial y contable y a las consecuencias patrimoniales del procedimiento.
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(1955–2024) 44 años de carrera. Será recordada como una abogada de extraordinario prestigio y profundo compromiso con la justicia. Constituye un ejemplo de dedicación, respeto y compromiso con la profesión.
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Son ilícitos cometidos mediante engaño o abuso de confianza para obtener un beneficio patrimonial ilícito, afectando tanto a particulares como al orden socioeconómico del Estado. Incluyen el fraude, la estafa, el blanqueo de capitales, la evasión de impuestos y la administración desleal.
Sí. Bajo el concepto de responsabilidad penal de las personas jurídicas, las empresas pueden ser condenadas por delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o empleados. Las penas pueden ir desde multas elevadas hasta la disolución de la sociedad.
La administración desleal ocurre cuando quien tiene facultades para administrar un patrimonio ajeno se extralimita en ellas, causando un perjuicio económico al titular (por ejemplo, un administrador que firma contratos ruinosos para su empresa a propósito). A diferencia de la apropiación indebida, donde el sujeto se queda con el dinero o el bien, en la administración desleal el delito reside en la gestión fraudulenta del patrimonio, aunque el administrador no se quede directamente con los fondos.
Con la plena implementación del Reglamento MiCA y las normativas de prevención de blanqueo de capitales, el uso de criptomonedas para ocultar el origen de fondos ilícitos se persigue como Blanqueo de Capitales agravado. Además, la omisión de declaración de estos activos ante la Agencia Tributaria puede derivar en delitos de fraude fiscal si se superan los umbrales establecidos de cuota defraudada.
Resulta necesario para el análisis de documentación financiera compleja, informes periciales contables y movimientos patrimoniales con relevancia penal. En este tipo de procedimientos, la correcta interpretación de contratos, extractos bancarios, operaciones societarias o flujos económicos es determinante para delimitar responsabilidades y evitar imputaciones basadas en valoraciones incompletas o erróneas.
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